Resumen
El presente artículo analiza críticamente la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, con especial atención a su impacto en el Derecho de Familia y la protección de menores. Se argumenta que, si bien la ley responde a una necesidad legítima de modernizar y agilizar el sistema judicial, su enfoque generalista genera graves riesgos en un ámbito que requiere especialización y sensibilidad. El texto examina los tres ejes de la reforma (organizativo, procesal y por derivación), destacando problemas como la pérdida de especialización judicial, la inseguridad jurídica derivada de la coexistencia del juicio verbal con los procesos especiales de familia, y la controvertida obligatoriedad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que puede retrasar la protección de personas vulnerables. Asimismo, se valora la creación de los Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (JVIA) y la importancia de modelos como Barnahus, señalando los retos para su efectiva implementación. Finalmente, se expone la postura crítica de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha solicitado la suspensión de la norma, concluyendo que es imperativo un equilibrio entre la eficiencia y la salvaguarda de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el interés superior del menor.

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